La JEP alerta por recorte de $100.000 millones y una reforma que podría cambiar el control sobre sus decisiones
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, cuestionó dos iniciativas que avanzan en el Congreso y anunció que llevará la discusión ante organismos internacionales. El Gobierno de Abelardo de la Espriella respalda el traslado de recursos.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, abrió un nuevo frente de discusión con el Gobierno y el Congreso por dos iniciativas que podrían modificar las condiciones bajo las cuales funciona el tribunal creado después del Acuerdo de Paz de 2016.
Durante la rendición de cuentas de la entidad, realizada este viernes 18 de septiembre, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, cuestionó una propuesta para trasladar $100.000 millones del presupuesto de la jurisdicción al Consejo Superior de la Judicatura y otra iniciativa que plantea una revisión automática, por parte de la Justicia Penal Militar, de algunas decisiones de la JEP relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública.
Ramelli sostuvo que la combinación de ambas medidas puede afectar el funcionamiento y la autonomía del tribunal. Esa es la posición de la JEP y hace parte del debate político y legislativo que apenas comienza.
¿De dónde saldrían los $100.000 millones?
La propuesta presupuestal fue presentada por el senador Enrique Gómez Martínez y plantea trasladar $100.000 millones que actualmente están contemplados para la JEP hacia el Consejo Superior de la Judicatura, con el argumento de fortalecer la Rama Judicial ordinaria. El presidente Abelardo de la Espriella ha respaldado públicamente esta iniciativa.
La propuesta también cuenta con el respaldo de otros congresistas. La Cámara de Representantes reportó este 18 de septiembre una iniciativa de Simón Molina, Daniel Briceño y Jaime Arizabaleta que plantea destinar esos $100.000 millones a fortalecer el deporte de cara a los Juegos Nacionales Córdoba-Sucre 2027 y los Juegos Olímpicos.
La discusión, por tanto, no se limita a una reducción presupuestal: el debate incluye qué entidades deberían recibir esos recursos y cuáles son las prioridades de gasto del Estado.
La JEP dice que el impacto sería mayor de lo que parece
Según Ramelli, los $100.000 millones representan aproximadamente el 62 % de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios de la JEP, un rubro que, de acuerdo con la jurisdicción, resulta necesario para mantener buena parte de su operación.
La entidad advierte que la reducción tendría efectos sobre varios frentes. Entre ellos están los convenios de protección con la Unidad Nacional de Protección, los gastos asociados con sus sedes y los sistemas tecnológicos utilizados para desarrollar y preservar los procesos judiciales.
La JEP sostiene que el recorte podría comprometer recursos destinados a la protección de víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios. También señaló dificultades para asumir gastos de arrendamiento, servicios públicos y mantenimiento de sus instalaciones.
Ramelli también aseguró que la jurisdicción ya enfrenta un déficit acumulado y que el traslado propuesto profundizaría esa situación. Según cifras citadas por EFE, la JEP calcula un déficit de aproximadamente US$26 millones y advierte que el recorte comprometería otros recursos destinados a convenios de protección y funcionamiento.
El otro proyecto que preocupa al tribunal
El segundo frente de la discusión está relacionado con una reforma constitucional que busca establecer una revisión automática, por parte de la Justicia Penal Militar, de las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.
La iniciativa se tramita en la Comisión Primera del Senado y, según la JEP, modificaría el esquema de justicia transicional establecido después del Acuerdo de Paz.
La preocupación del tribunal está relacionada con que sus decisiones puedan quedar sometidas a una instancia diferente de la prevista actualmente dentro del sistema de justicia transicional.
La discusión tiene además un contexto institucional: la Corte Constitucional ha señalado que la Justicia Penal Militar tiene un ámbito de competencia excepcional y restringido, y que el fuero militar requiere una relación directa entre la conducta investigada y el servicio.
Esto no significa que la reforma haya sido aprobada ni que exista ya una modificación de las competencias de la JEP. Se trata de una iniciativa que continúa su trámite en el Congreso.
La JEP llevará el debate ante organismos internacionales
Ante este escenario, Ramelli anunció que la jurisdicción informará sobre la situación a diferentes organismos internacionales.
Entre ellos están el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial, los países garantes del Acuerdo de Paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
La JEP considera que las medidas deben analizarse a la luz de los compromisos asumidos por Colombia con el Acuerdo de Paz y de las garantías para las víctimas.
También hay críticas a la JEP por sus resultados
El debate no ocurre únicamente desde el Gobierno y sectores del Congreso. Dentro del Legislativo también existen cuestionamientos al funcionamiento y al gasto de la jurisdicción.
El representante David Cote cuestionó recientemente la forma en que la JEP presenta sus resultados. Según su intervención, de unas 3.600 decisiones con efectos de sentencia mencionadas en un debate presupuestal, 1.851 correspondían a acciones de tutela, por lo que consideró necesario diferenciar esos procesos de las decisiones de fondo de los macrocasos.
Otros congresistas que respaldan el recorte sostienen que los recursos podrían utilizarse en otras necesidades del sistema judicial o en áreas como el deporte. La propuesta, sin embargo, todavía debe avanzar en el trámite legislativo.
Mientras el Congreso discute el presupuesto y los proyectos de reforma, la JEP sostiene que cualquier modificación debe garantizar que pueda continuar con las investigaciones y procesos relacionados con los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
La discusión queda así planteada entre las necesidades presupuestales de la Rama Judicial, el futuro de la justicia transicional y las garantías para las víctimas, tres asuntos que tendrán que resolverse durante el trámite de las iniciativas.
🟣 QUÉ PASÓ?
La JEP alertó por una propuesta que trasladaría $100.000 millones de su presupuesto de 2027 al Consejo Superior de la Judicatura y por una reforma que plantea revisar algunas de sus decisiones.
🟣 EN CLARO
El tribunal sostiene que ambas iniciativas podrían afectar su funcionamiento y autonomía, mientras sus impulsores defienden la reasignación de recursos y los cambios al sistema de justicia.
🟣 ¿POR QUÉ IMPORTA?
El debate toca el presupuesto, la protección de víctimas y testigos y el alcance de las decisiones de la justicia transicional creada tras el Acuerdo de Paz.
🟣 ¿QUÉ SIGUE?
Las iniciativas deberán continuar su trámite en el Congreso. La JEP, por su parte, anunció que llevará sus preocupaciones ante organismos internacionales.
🟣 VERIFICADO
El traslado de $100.000 millones y la reforma sobre las decisiones de la JEP son propuestas en trámite, no medidas aprobadas. La JEP sostiene que el recorte representaría el 62 % de sus recursos para adquisición de bienes y servicios.
🟣 EL DATO
$100.000 millones es el monto que se propone trasladar del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura.
